Lo de Vodafone es legal, pero de muy mal gusto

Vodafone, que ahora ejecuta un ERE, se llevó en mayo 750.000 euros por el servicio de comunicaciones de las Cortes de Aragón; 1 millón de euros en septiembre por el mismo servicio en el Senado, y otra buena tajada el miércoles pasado por las comunicaciones del transporte público metropolitano de Barcelona.

Todo es legal. Eso no se puede poner en duda. Pero también de un gusto bastante dudoso. Vodafone está ejecutando un ERE en el que despedirá a 1.059 personas. Lo hacen, según dicen en la compañía, “porque es imprescindible para seguir siendo competitivos”. Lo venden como si fuera la única salida. El último salvavidas. ¿Seguro?

Las cifras de las últimas operaciones de la compañía no evidencian, precisamente, que estén viviendo una crisis pecuniaria. Porque mientras pergeñaba, incluso mientras formalizaba, el Expediente de Regulación de Empleo, se ha embolsado unos cuantos billetes de dinero público. De ese que ponemos todos.

El pasado 12 de mayo las Cortes de Aragón adjudicaron a Vodafone el servicio de comunicaciones fijas de voz, datos y móviles por un valor de 749.972,03 euros, hasta 2019. En septiembre del año actual recibieron 1 millón de euros por el mismo servicio, esta vez en el Senado. Y la semana pasada (en pleno ERE) les concedieron del servicio de telecomunicaciones del transporte público metropolitano de Barcelona.

Es decir, las administraciones públicas dan ingentes cantidades de euros a una empresa privada mientras despide a más de 1.000 trabajadores. Pero en el colmo de la desfachatez, la susodicha compañía hace una demostración monumental de fuerza al comprar ONO por 7.200 millones de euros y, un año y medio más tarde, ejecutan un ERE porque la cosa está muy mal.

Utilizan, para más inri, esa absorción, como ardid principal para justificar los despidos: “Una organización así no puede tener duplicidades”, dicen. Y se vanaglorian de cómo han llevado todo el asunto del ERE: “Se ha intentado hacer lo menos doloroso posible y todo se ha tratado con mucha sensibilidad”.

Pretendían despedir a 1.297 trabajadores

La primera propuesta presentada por la empresa afectaba a 1.297 trabajadores. En Aragón, con una plantilla de 56, se decía que prescindirían del 20 %. Tras casi dos semanas de negociaciones, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y STC, acordaron un ERE que implicará a 1.059 personas.

Se consiguió también que se abriera un periodo de adscripción voluntaria, que finalizará el próximo 20 de octubre, y que antes no estaba contemplado. El número de personas despedidas, por tanto, variará en función de los trabajadores que se acojan a esta baja opcional.

La indemnización será de 45 días por año trabajado, hasta febrero de 2012, y de 33 posteriormente (en un principio ofertaban 30 días por año); y las prejubilaciones serán con el 85 % del salario neto, algo por encima del 80 % propuesto por Vodafone en un primer momento.

Lo sucedido con Vodafone no es, ni mucho menos, un hecho aislado. Diariamente acaecen en este país situaciones similares que, aunque legales, muestran un desprecio absoluto por las leyes no escritas de la ética, la sensibilidad y la decencia.

Es impío que una empresa haga una inversión de 7.200 millones de euros (una cifra que al común de los mortales se nos escapa, que no somos capaces ni de transformar en pesetas), y que un año y medio después proponga el despido de 1.297 trabajadores en unas condiciones lamentables. Es un desprecio mayúsculo y denota una extraordinaria carencia de humanidad.

Pero no conculca ninguna ley escrita. Es legal de principio a fin. Todo en regla. Será cosa de la Marca España.

*Este artículo está publicado en eldiario.es Aragón